SANTO DOMINGO:- Mientras la minera
Falcondo Xstrata Nickel y sus cajas de resonancia empresariales
despliegan una intensa campaña a favor de sus intereses, senadores y diputados se lanzan mutuamente la papa caliente de Loma Miranda con la intención de que sean los otros quienes se quemen las manos.
Tema sensible para una opinión pública que ha alzado la voz en
defensa del recurso, los senadores y diputados, en un altísimo
porcentaje con pretensiones continuistas en cargos y en política, buscan la manera de salir indemnes de la prueba.
Una mirada menos inocente sobre lo que viene aconteciendo en el
Congreso en torno al proyecto de ley que declara a Loma Miranda parque
nacional, desnuda la estratagema. Entre aprobaciones,
enmiendas y rechazos, el proyecto corre el riesgo de terminar hibernando
en las gavetas legislativas. Mientras, tirios y troyanos podrán
reclamar en el futuro haber actuado “a favor” del interés nacional y
echarle la culpa otro del fracaso de la iniciativa.
Lo cierto es que las posibilidades de que el proyecto de Ley que
crea el Parque Nacional Loma Miranda sea aprobado en esta legislatura
son escasas. El motivo aparente es que el Senado desechó la propuesta
enviada por la Cámara de Diputados y conoció una nueva que al
“reconocer” el derecho de propiedad de la empresa Falcondo Xstrata
Nickel y de otros supuestos propietarios, crea obligaciones económicas al Estado, condición que no existía en el proyecto original.
El informe de la comisión especial senatorial que encabezó Rafael Calderón habla de modificaciones a la propuesta de la Cámara de Diputados; sin embargo, sugiere una redacción alterna que sustituye en todas sus partes a la remitida por los diputados.
El proyecto de los diputados tenía como propósito “conservar las
fuentes acuíferas, la biodiversidad, la integridad ecosistémica y
paisajística, mitigar los impactos del calentamiento global y la
perturbación del clima”. También preservar las potencialidades
intrínsecas de los recursos y ambientes naturales capaces de garantizar
su uso y aprovechamiento inteligente por parte de la sociedad
dominicana, mediante el desarrollo del ecoturismo, la recreación y la
educación ambiental.
Establecía igualmente que la gestión del parque se haría bajo la modalidad de comanejo,
regenteada por una junta de desarrollo o consejo de administración
conformado por las organizaciones que activaron a favor de la conversión
del recurso en área protegida.
Para justificar los cambios, la comisión encabezada por Calderón dijo
haber hecho un “análisis detallado” de las documentaciones recibidas y
de las opiniones vertidas por los distintos sectores de la sociedad en
relación al proyecto de Loma Miranda.
Esto incluyó los trabajos y
publicaciones, material escrito, exposiciones de expertos en la materia y
de instituciones de la sociedad civil, Iglesias y medios de
comunicación, que emitieron sus consideraciones respecto a la
iniciativa.
“El maco”
Entre los cambios introducidos por el Senado –interpretados por los diputados como un “gancho”—
está el artículo sobre “derecho de propiedad”, uno de los alegatos más
fervorosos de la empresa minera Falcondo Xstrata Nickel y de la cúpula
empresarial que la secunda.
En el Artículo 8 de la redacción alterna se dice que dado que los
terrenos donde está ubicada Loma Miranda, incluyendo el área de los
depósitos de minerales que contienen ferroníquel, están en posesión o son propiedad “legítima” de más de un propietario,
corresponde al Poder Ejecutivo actuar sobre estos bienes con apego al
Artículo 51 de la Constitución de la República, en especial en su
numeral 1. Es decir, en la obligación de indemnizarlos.
El Artículo 9, referido a las fuentes de recursos para resarcir
daños a estos “propietarios” privados, eventualmente expropiados o
afectados por la declaratoria de utilidad pública o variación del uso y
goce de la propiedad, establece dos modalidades.
La primera autoriza al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a incrementar en un diez por ciento el valor a pagar por concepto del otorgamiento de la licencia o permiso ambiental
aprobada a cada empresa, institución o persona para tener derecho a la
exploración o explotación en el territorio nacional o en su plataforma
marítima de minerales metálicos y no metálicos, incluyendo la roca, el
yeso, piedra caliza, mármol, materiales extraídos de la tierra o la
plataforma marítima destinados a la fabricación de cemento, arena,
grava, gravilla, sal, cal, y materiales extraídos de la tierra o de la
plataforma marina destinados a la fabricación de cemento, y otros que
determine la legislación nacional.
La segunda dispone que “tomando en consideración los mandatos
contenidos en el Capítulo IV de la Ley 64-00, el cual se refiere al
Delito contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, sin perjuicio
de las responsabilidades civil y penal que puedan derivarse de las
violaciones a la Ley, se instituye la aplicación de una multa equivalente al doble del valor de mercado del área o territorio que haya sido impactado
negativamente como consecuencia de la exploración y explotación de
materiales metálicos y no metálicos, en el territorio nacional y su
plataforma marítima.
Pero el proyecto va más allá al fijar que “los recursos económicos
obtenidos por los conceptos antes indicados en este artículo serán
destinados a resarcir el pasivo ambiental que las actividades de
exploración y explotación ocasionen al medio ambiente y los recursos
naturales, así como los fines de cumplir con lo establecido en
el artículo 51 de la Constitución de la República respecto del derecho
de propiedad privada, sin perjuicio de los compromisos
contractuales acordados entre el Estado dominicano y la empresa o
empresas autorizadas a la exploración y explotación de cualquier fuente
de mineral metálico o no metálico en el territorio nacional y su
plataforma marina, así como la responsabilidad penal que puede derivarse
de otros daños ambientales tipificados en la legislación dominicana”.
Este martes 24, el vocero reformista en la CD, Ramón Rogelio Genao,
culpaba al Senado de obstruir la aprobación del proyecto y recomendaba a
sus homólogos rechazar las modificaciones y refrendar la primera
versión surgida del hemiciclo.
Denunciaba asimismo una presunta campaña de descrédito de los diputados financiada por Falcondo.
Hoy en agenda
La iniciativa está en la agenda de hoy de la Cámara de Diputados,
como único punto y aunque se prevé que será remitida a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para una nueva evaluación, no se
descarta que haya debates.
A la primera legislatura ordinaria de este año le queda exactamente
un mes y se descarta que sea tiempo suficiente para que haya una
decisión al respecto.
Fue sometida el 10 de septiembre de 2013 por nueve diputados del PLD y
el PRD. Fue conocido el primero de octubre siguiente, liberado de
trámites y aprobado de urgencia.
Fuente: 7 dias .com
