SANTO DOMINGO:-Una investigación publicada este lunes por el
Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación
Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), destaca que los informes de
las auditorías que la Cámara de Cuentas realizó a municipios, distritos
municipales y otros organismos municipales, revelan indicios de
responsabilidad penal, debido a que un alto número de administraciones
municipales incumplen leyes, disposiciones y normativas de la
contabilidad pública.
El informe, de la autoría de Karina Taveras y
Natanael Disla, investigadores de la Unidad de Gobierno Local del OPD,
precisa que desde 2006 hasta abril de este año, la Cámara de Cuentas ha
enviado al Congreso 67 auditorías realizadas a diversas instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que reciben fondos del Estado. De
estas auditorías, 47 corresponden a organismos edilicios, resultando que
el 70 % del total de estas evaluaciones fueron hechas a estos
organismos municipales.
Explica que de las 47 auditorías realizadas a
gobiernos locales durante los últimos ocho años, dos fueron hechas a la
Liga Municipal Dominicana, 19 a juntas de distritos municipales y 25 a
los ayuntamientos.
“Los ayuntamientos auditados pertenecientes a las
provincias Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, registran el 48 % de
las auditorías realizadas. Esto podría responder al hecho de que la
gran población, así como las características urbanísticas y sociales de
estas zonas en particular, permiten que sean monitoreados y auditados
con una mayor frecuencia, toda vez que conlleva consigo una inversión
social importante”, advierte el análisis.
La investigación del OPD resalta que entre las
evidencias que indican los informes de las auditorías se señalan la
contratación de personal sin funciones y gastos no contemplados erogados
a empresas privadas sin estar avalados en los contratos
correspondientes entre el ayuntamiento y la empresa beneficiada.
También se encontró que en algunos ayuntamientos y
juntas de distritos municipales se evidencian debilidades de índole
financiera, debido a que los ingresos se reconocen cuando se cobran y no
cuando se ganan, y los gastos son reconocidos cuando se pagan, no
cuando se incurre en ellos.
“Con esta práctica se es pasible de incurrir en
registros contables incorrectos y, en consecuencia, en estados
financieros erróneos”, apunta el documento.
El informe señala además, que las auditorias
muestran faltas y omisiones importantes en cuanto a la ejecución
presupuestaria, evidenciadas en la ausencia de los estados financieros y
la inobservancia de las “Normas de contabilidad aplicadas al sector
público”.
Precisa que la Cámara de Cuentas ha señalado que
entre las leyes incumplidas por gran parte de las instituciones
edilicias figuran las de Presupuesto, Compras y Contrataciones Públicas,
de Función Pública, Libre Acceso a la Información Pública y de
Planificación e Inversión.
“Es por esto que de las 47 auditorías realizadas a
entidades edilicias, 40 (85 %) han sido remitidas a la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA),
antiguo Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa”,
indica la investigación del OPD.
