SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina someterá
el lunes al Congreso Nacional, vía el Senado de la República, un
anteproyecto de ley para eliminar el gravamen que se impuso en la
Reforma Fiscal de reciente aprobación a las compras de mercancías
realizadas en el exterior vía internet, cuyos montos no excedan los 200
dólares.
Para tomar la decisión, el jefe del Estado advierte
sobre las consecuencias que este impuesto podría acarrear para el país
si se altera en forma sensible las relaciones derivadas del Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica.
El proyecto
del Poder Ejecutivo procura derogar el artículo 49 de la Ley para el
Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la
Sostenibilidad y Desarrollo Fiscal y el Desarrollo Sostenible, número
253-12, del 9 de este mes, que dispuso la aplicación de impuestos a las
compras hechas en el exterior vía internet por un valor que no exceda
los 200 dólares.
En la aprobación del proyecto de Reforma Fiscal,
los congresistas derogaron esta medida que estaba contemplada en el
artículo 4 del Decreto número 402-05, del 26 de julio de 2005, relativo a
la Categoría B sobre envíos de bajo valor.
En el mensaje que
acompaña el proyecto, el presidente Medina dice al presidente del
Senado, Reinaldo Pared Pérez, que sin dejar de reconocer el encomiable
interés del Congreso Nacional en dotar a la administración de los
recursos financieros necesarios para el adecuado cumplimiento de los
altos propósitos de la referida ley, lo cierto es que el indicado
artículo 49 afectará a las mercancías que se adquieren a través de la
Internet, podría generar una situación de grave desigualdad en perjuicio
de los consumidores que utilizan para su compra dicho instrumento,
importándolas a través de los Despachos Expresos de Envíos (Couriers),
quienes no resultan beneficiados de los descuentos de precio que por
volumen se les otorgan a las grandes empresas comerciales.
Además
agrega- importantes sectores de la vida nacional han manifestado la
posibilidad de que un impuesto de tal naturaleza pueda alterar en forma
sensible las relaciones derivadas del Tratado de Libre Comercio entre
República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA),
consecuencias que el Estado dominicano debe evitar en la medida de lo
posible.