SANTO DOMINGO:- El 19% de los
embarazos atendidos en los centros médicos dominicanos entre enero y
agosto de este año terminó en abortos, según estadísticas del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social.
En detalle, el organismo registró 71,998 embarazos, de los que 13,677
concluyeron en abortos, 32,752 en partos vaginales y 25,569 en partos
con cesáreas.
El dato está en la hoja de estadísticas de los embarazos atendidos,
que no especifica las causas de los abortos ni cuántos fueron
terapéuticos o inducidos.
Se trata de cifras que tienen un elevado nivel de sub registro debido
a que el aborto es una práctica ilegal en el país y, en ocasiones,
condenada por la sociedad.
Hasta las estimaciones son escasas. Hace 20 años que un estudio del
Instituto Guttmacher estimaba que la cantidad de abortos al año se
aproximaba a los 80,000. Esa misma entidad, a finales de los 90,
consideraba que en el país se estaban produciendo 90,000 cada año.
El hecho de que los abortos inducidos se produzcan en la
clandestinidad incide en que esta práctica esté entre las primeras
causas de muerte materna en el país, junto a las hemorragias vaginales,
la hipertensión arterial y las infecciones.
Esta situación “impide o dificulta la atención médica de las mujeres
que acuden a los establecimientos de salud con abortos incompletos o
complicados, así como los casos que demandan una interrupción
terapéutica para preservar la salud o corre peligro la vida de la
embarazada”, explicaba Profamilia en un informe sobre el tema el año
pasado.
Además, anula las posibilidades de “evaluar fehacientemente su
incidencia e impacto en la salud de las mujeres adultas y de las
adolescentes, particularmente en lo relativo a la mortalidad materna”,
apuntaba Profamilia en el documento titulado “Mortalidad materna y
aborto en la República Dominicana”.
El país es uno de los pocos en que el aborto está penalizado de
manera absoluta. Quienes ocasionen y se practiquen un aborto pueden
enfrentar incluso pena de prisión, según el código penal vigente.
La nueva versión de esta pieza que se discute en el Congreso. El
viernes 28 de noviembre fue devuelta por el Poder Ejecutivo por
penalizar el aborto terapéutico, una disposición que atenta contra
derechos fundamentales de las mujeres a la salud y a la vida.
