SANTO DOMINGO.- El ex presidente de la República Dominicana, Leonel
Fernández, desmintió que como resultado de la aplicación del Plan
Nacional de Regularización de Extranjeros haya habido un despojo de la
nacionalidad dominicana a numerosas personas y ciudadanos apátridas en
nuestro territorio.
Negó también en forma categórica que se hayan registrado aquí
“prácticas racistas y discriminatorias, una limpieza étnica, un
genocidio civil o que hayamos instalado un sistema de apartheid o de
estimulo a la negrofobia”.
“Nada de eso es cierto. Lo único que ha ocurrido es que los plazos
para acogerse al plan han expirado. Y aún así, aquellos que no se
sometieron a sus condiciones todavía tienen la oportunidad de llevar a
cabo el procedimiento ordinario de obtención de visado y residencia en
la República Dominicana”, expresó.
Fernández emite estos criterios en un artículo titulado “Los mitos
sobre el Plan de Regularización” que hizo publicar este lunes en la
prensa matutina, cuyo texto es el siguiente:
“En su edición del pasado 19 de junio, The New York Times informaba
que los temores y vaticinios acerca de una deportación masiva de
migrantes haitianos indocumentados en la República Dominicana, se
habían disipado, luego de la culminación del plazo para su
regularización.
Pero con anterioridad no había sido así. En los días previos a la
culminación de ese plazo, diversas organizaciones internacionales,
personalidades y medios de comunicación, habían contribuido con
presentar a la población dominicana como racista, xenófoba y
discriminatoria.
El Washington Post, por ejemplo, se refirió a los orígenes
sangrientos de la ®limpieza étnica® que se estaría llevando a cabo en la
República Dominicana. Esos orígenes se encontrarían, presuntamente, en
la matanza ordenada por Trujillo en el 1937, perdiéndose la perspectiva
de que la dictadura trujillista no puede ser confundida con el pueblo
dominicano, y que éste no sólo asesinaba haitianos, sino también
dominicanos.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, se trasladó a
Washington Heights, el corazón mismo de donde vive la mayoría de los
dominicanos en esa gran urbe, para desde allí sostener que las acciones
del gobierno dominicano con respecto a la migración haitiana eran
ilegales, inmorales y racistas.
En sus propias palabras, pronunciadas estratégicamente frente al
Memorial y Centro Educativo Malcom X y Dra. Betty Shabazz, dos símbolos
estadounidenses de la lucha contra el racismo, manifestó que ®eso está
sucediendo porque esas personas son de raza negra.®
En España, el periódico El País sostuvo que ®si no fuera por su
dimensión trágica y real, podría pensarse que se trataba de una mediocre
parodia fascista.® De igual forma, otras publicaciones nos tildaban de
promover el genocidio civil, la discriminación racial, la
desnacionalización masiva y la negrofobia.
No nos faltaban epítetos. Sin embargo, lo cierto es que ese discurso
fue construido sobre la base de mitos y confusiones que surgieron a
partir de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional; y de la Ley
169-14, sobre Regularización de Extranjeros.
Desnacionalización
El primer mito brota de la afirmación de que cientos
de miles de personas habían sido despojadas de su nacionalidad
dominicana. Esto así, como consecuencia de la decisión judicial de
revisar los libros del registro civil, desde 1929, para determinar las
personas que habiendo nacido en territorio dominicano, había sido
inscrita de manera irregular por las autoridades del registro civil.
Luego de un levantamiento de esos libros, la Junta Central Electoral
precisó que los casos de extranjeros que habían registrado a sus hijos,
sin que legalmente les correspondiera, ascendía a 24 mil 392.
La preocupación, sin embargo, de que esas personas iban a ser
despojadas de la condición de dominicanos fue resuelta a través de la
Ley 169-14, que les reconoció su nacionalidad a través de un
procedimiento expedito, en una primera etapa, que terminó el 30 de enero
de este año.
Así, el drama humano y potencial limbo jurídico que hubiese creado el
desconocimiento del status de esas personas fue evitado. Se garantizó
su derecho a la personalidad, y al mismo tiempo, logró enmendarse el
error en la inscripción de hijos de extranjeros no residentes legales en
el registro civil.
Por ende, el argumento del despojo de la nacionalidad a individuos
que tenían generaciones viviendo en nuestro país, quedó solucionado ante
la posibilidad de recibir la documentación adecuada a través de este
proceso.
Discriminación y racismo
Un segundo mito apunta hacia el hecho de que el Plan de Regularización de Extranjeros es discriminatorio y racista en su naturaleza.
Nada más incierto. El argumento, sin embargo, se tejió en relación a
los dos grupos que existen con respecto a la regularización de personas
que nunca han sido inscritas en nuestro registro civil.
El primero es el de aquellas que habiendo nacido en territorio
dominicano, pero de padres extranjeros, sin residencia legal, jamás
fueron inscritos o recibieron acta de nacimiento.
El segundo grupo está compuesto por extranjeros, los cuales, habiendo
nacido en otro territorio, dejaron atrás sus países de origen para
establecerse en la República Dominicana, sin cumplir con el
procedimiento de fijación de residencia.
Sin existir una obligación para hacerlo, el Estado dominicano, no
obstante, creó las posibilidades para que esos dos grupos pudieran
obtener la condición de residentes legales en la República Dominicana.
Los requisitos exigidos para tales fines eran los mismos para todos los
extranjeros, lo que pone de manifiesto el carácter no discriminatorio
del Plan de Regularización.
Un total de 288 mil personas se inscribió, un 30 por ciento más de lo
esperado, según Cy Winter, jefe de misión de la Organización
Internacional de las Migraciones.
Esa, por supuesto, es la prueba más evidente de que hubo una
respuesta masiva, y un procedimiento adecuado, para que, por vez primera
en la Republica Dominicana, un número importante de personas
indocumentadas, pudiesen regularizar su status migratorio.
Un tercer mito que ha emanado de todo este proceso
de regularización, es el que se refiere, como hemos visto, al anuncio de
deportaciones masivas, aún antes de que el plan hubiese llegado a su
plazo de vencimiento.
Es normal, luego de un proceso como el que ha culminado, que aquellas
personas que no aplicaron al plan, o que no pudieron probar sus
vínculos con el país, sean repatriados a sus respectivos países de
origen.
Sin embargo, tampoco es la tragedia apocalíptica que se ha querido
presentar. El Estado dominicano, como cualquier Estado en el mundo,
tiene la obligación de mantener estándares de protección de derechos
humanos durante esas repatriaciones. Los casos tendrían que conocerse de
manera individual, y tendrían que ser examinados y resueltos conforme a
sus propios méritos.
Las repatriaciones sumarias en masa son contrarias al orden
internacional, y la República Dominicana, conforme lo establece nuestra
Carta Magna, asume los valores y principios de las normas
internacionales y de respeto a los derechos humanos.
Por tanto, nuestro país jamás incurriría en la práctica de realizar
deportaciones masivas, en forma sumaria. Más aún, a pesar de que existe
un protocolo de deportaciones entre República Dominicana y Haití, ambos
Estados se encuentran en estos momentos en un proceso de negociación
para introducirle varios cambios que confieran mayores garantías.
Un cuarto mito esgrimido por organizaciones no
gubernamentales y en medios internacionales, es que el Plan de
Regularización fue diseñado para que fracasara.
Eso, por supuesto, tampoco es cierto. Hubo, desde el principio, un
interés genuino por parte de nuestras autoridades en crear los
mecanismos adecuados de solución a un problema que ha gravitado durante
muchos años en nuestra sociedad.
Se expresaron preocupaciones por los requisitos exigidos, por el
tiempo de vigencia y por el costo de algunos de los documentos
solicitados para la aplicación del plan.
Una flexibilidad en el cumplimiento de los requisitos crearía una
ola de traslados al país a los fines de acogerse al plan, sin garantía
alguna de haber cumplido con la obligación de estancia en el
territorio nacional antes del 2011.
En lo que se refiere a la extensión del plazo, este permaneció
abierto durante 18 meses. Un año y seis meses es un plazo razonable para
obtener documentos que avalen la presencia en la República Dominicana.
En fin, aunque diversas organizaciones y medios internacionales se
prepararon, para al término del plazo de vencimiento del Plan de
Regularización, organizar una campaña de descrédito contra nuestro país,
lo cierto es que sus propósitos, una vez más, no se fundamentaban más
que en mitos y en falacias.
No es cierto que como resultado de la aplicación del referido plan,
haya habido un despojo masivo de la nacionalidad dominicana; que haya
ciudadanos apátridas en nuestro territorio; que haya habido prácticas
racistas y discriminatorias; una limpieza étnica o un genocidio civil;
o, que hayamos instalado un sistema de apartheid o de estimulo a la
negrofobia.
Nada de eso es cierto. Lo único que ha ocurrido es que los plazos
para acogerse al plan han expirado. Y aún así, aquellos que no se
sometieron a sus condiciones todavía tienen la oportunidad de llevar a
cabo el procedimiento ordinario de obtención de visado y residencia en
la República Dominicana.
Lo demás no ha sido más que un intento por degradarnos y
desprestigiarnos ante la comunidad internacional, que como pueblo
generoso y solidario, no merecemos.
