Santo Domingo.- Siendo miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), el actual presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario Márquez, recibió pagos millonarios por servicios legales a la Lotería Nacional, en violación a lo que establece la Constitución de la República, de acuerdo a una denuncia periodística.
Este lunes en la noche, el programa televisivo “El Informe con Alicia Ortega” presentó copias de cheques de la Lotería Nacional por un monto superior a los 9.7 millones de pesos cobrados por la firma Rosario Márquez y Asociados, presidida por el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, entre diciembre del 2005 y marzo del 2008.-
La Constitución de la República establece en su artículo 108, que “ninguna función o cargo público serán incompatibles con otros cargos, excepto que sean honoríficos o docentes”.
La periodista Alicia Ortega también presentó copia de un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas en el cual revela irregularidades en varias operaciones de la Cámara Administrativa de la JCE, entre ellas la inversión de más de 368 millones de pesos en obras, menos de un año, sin la existencia de ningún contrato.
En declaraciones ofrecidas a el ex presidente de la JCE Manuel Ramón Morel Cerda, el jurista Ramón Antonio Veras y el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, coincidieron en censurar la práctica de Rosario Márquez, por considerarla contraria a la ley y a la ética que debe caracterizar a un miembro del tribunal electoral.
El doctor Morel Cerda consideró que la práctica de Rosario Márquez no sólo es anti-ética, si no que entra en conflicto con el artículo 378, inciso 8 del Código de Procedimiento Civil, “el cual estipula entre las causas de recusación de un juez el servirle consultas, hacerle trabajos, recibir dádivas, tomar alimentos a una de las partes, vale decir, en este caso, de uno de los actores en el proceso electoral”.
Añadió que al servirle de abogado, darle consultas y recibir emolumentos de una entidad estatal, Rosario Márquez se convierte en recusable, y por consiguiente en inelegible para ejercer las funciones como juez.
De su lado, Javier Cabreja, director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, dijo que un miembro de la JCE no puede servir a otra institución del Estado y recibir paga por ello, porque constituye una violación a la ética y un conflicto de intereses.
