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martes, 7 de septiembre de 2010

Un ex fiscal del distrito nacional califica al encargado del departamento anti corrupción de inoperante.

Santo Domingo:- El ex fiscal Guillermo Moreno, aseguró que las recientes declaraciones de Otoniel Bonilla, es la confesión del fracaso de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana y de la inoperancia de la Dirección de Persecución de la Corrupción como departamento.

Entiende que el Departamento de Prevención de
la Corrupción (DPCA), debe ser cerrado, porque cuando una institución es infuncional como dijo admitió Bonilla, no tiene sentido mantenerla.

“Todo lo contrario, mantener abierta
la Dirección de Persecución de la Corrupción sin hacer nada, de forma inoperante, sin ningún resultado, se traduce en una carga onerosa para el Estado, entonces, por lo menos deberíamos tener la ventaja de no tener esa carga”, indicó.

Moreno entiende que se debe restituirle al Ministerio Público ordinario la competencia para conocer de los casos de corrupción como lo hace con otras infracciones.

Dijo que se está frente a un hecho doloroso para la sociedad que requiere que los dominicanos reaccionen frente a las declaraciones de Otoniel Bonilla, porque es la admisión expresa del fracaso de la lucha contra la corrupción y la voluntad política para que no se persiga la corrupción.

Recordó que desde hace tiempo viene planteando que el objetivo de la creación del departamento y hoy Dirección de Persecución de
la Corrupción, fue centralizar en manos del Ejecutivo, vía procuraduría general de la República, la lucha contra la corrupción, “y porqué centralizarla?, para poder controlar el curso de los estribos”.

“Lo que la vida nos dice hoy es que efectivamente, el objetivo de crear este departamento, de centralizar la lucha contra la corrupción era poder tener desde el Ejecutivo un control efectivo de esos expedientes”, dijo.

Afirmó además, que con la permanencia de Bonilla al frente de esa institución la sociedad está en un estado de indefensión en lo que es la defensa del patrimonio público.

“Es decir, el órgano, en este caso la dirección que se le ha otorgado la competencia para perseguir la corrupción admite que en diez año ha sido un fracaso toda la investigación y los expedientes que ha investigado y apoderado al Ministerio Público, a
la Justicia”, consideró.

Este lunes Bonilla reveló que en los últimos diez años han sido enviados a la justicia 22 expedientes de corrupción y demandó revisar el sistema de castigo a esos actos.

De los 22 casos presentados, solo cuatro han recibido condena desde el 2000 al 2010, de los cuales tres corresponden a casos bancarios, mientras el grueso de los demás casos corresponde a la administración pública, doce han sido absueltos o han retirado la acusación, y algunos están pendientes de juicio.