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lunes, 20 de septiembre de 2010

Un gran escándalo envuelve a Roberto Rosario miembro de la Junta Central Electoral.

Santo Domingo:- El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, rehusó este lunes referirse a la denuncia de que mantiene abierta su oficina de abogados y ofrecerles servicios a instituciones estatales por los cuales ha devengado millones de pesos en los últimos seis años.

Esta noche el programa “El Informe”, que conduce la periodista Alicia Ortega, presentará un reportaje sobre la situación partiendo de la premisa de si la actividad de Rosario es legal o constituye una falta de ética.

“Un nuevo escándalo sacude a la administración pública nacional. El actual presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, recibió pagos millonarios por servicios legales a la Lotería Nacional, situación que viene repitiendo desde hace seis años. ¿Incompatibilidad de funciones o tráfico de influencia?”, dice la promoción del trabajo que será presentado esta noche.

Reporteros buscaron la opinión de Rosario sobre la denuncia pero recibieron una respuesta ambigüa: “Después que todo esto pase hablaré sobre lo que ustedes quieran, pero por ahora no tengo nada que decir”.

Rosario lleva dos períodos como miembro de la JCE y está entre los 134 propuestos para ser parte del organismo por los próximos seis años. Su candidatura ha sido de las más criticadas.

“Hablaré después que esto pase”, insistió Rosario ante la insistencia de los reporteros para que opine sobre los cuestionamientos de que es blanco.

El magistrado ha sido criticado por su actuación al frente de la Cámara Administrativa de la JCE.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), lo acusó de ser en parte responsable de tomar medidas contrarias a la Ley Electoral que le impidieron obtener resperesentación en el Senado.

También durante el pasado proceso electoral tuvo diferencias con la miembro de la Cámara Contenciosa de la JCE, Aura Celeste Fernández, cuando esta cuestionó la pertinencia de gastos administrativos millonarios. Fernández documentó ampliamente su posición sobre la denuncia.