LOS INDUSTRIALES DE HERRERA CRITICAN QUE EL PRESUPUESTO 2011 NO RESPONDA A LAS PRIORIDADES DEL PAÍS.

Santo Domingo.- El proyecto de Presupuesto para 2011 sometido al Congreso por el Poder Ejecutivo, fue impugnado por un grupo de organizaciones por no responder a las prioridades del país, negar la Estrategia Nacional de Desarrollo que promueve el propio Gobierno e ignorar leyes sobre la distribución del gasto público y la protección de los derechos ciudadanos.

Las organizaciones, entre las que se encuentran las asociaciones de Empresas Industriales de Herrera, de Industrias de Bebidas Gaseosas, y Dominicana de Industria Textil, lamentan que lo presupuestado para el gasto social sea incluso inferior como proporción del producto interno bruto (PIB) a lo establecido para este año: 7.3 por ciento para 2011 contra 7.7 por ciento en este 2010.

Reiteran también la crítica al incumplimiento de la Ley General de Educación, que establece un 4 por ciento del PIB como presupuesto del sector, y que el año próximo será de apenas 2.37 por ciento, cercano a la mitad del promedio de América Latina.

“Una situación similar ocurre en las áreas de la salud, asistencia, seguridad social, vivienda, agua potable y alcantarillado”, sostiene el documento leído por las organizaciones empresariales, sociales, comunitarias y religiosas.

Objetan igualmente que el año próximo el pago de capital e intereses de la deuda alcance 113,613 millones de pesos, equivalentes al 41 por ciento de los ingresos tributarios, y que el Gobierno proyecte contratar créditos por 97,259 millones de pesos más.

Las entidades también comentan críticamente que no se hayan incluido en el proyecto los fondos para completar la cobertura del Régimen Subsidiado de la Seguridad Social, aunque el plazo para lograr esta meta se cumple en mayo del año próximo.

El Centro Bonó, Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo, Ciudad Alternativa, Colación ONG Sida, Comunidad Vida Cristiana, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales y la Fundación Dominicana de Desarrollo figuran entre las entidades firmantes del documento que concluyen pidiendo al Congreso la aprobación de un instrumento que satisfaga las necesidades generales y llamando a la ciudadanía a movilizarse en la exigencia de un gasto social de calidad.