Santo Domingo:-¡Me chivatearon¡, parece exclamar el Estado dominicano cuando suelta sus perros para cazar a quienes hayan dado información a la periodista Nuria Piera, sobre los actos de corrupción de un influyente funcionario público.Chivatear, que es lo mismo que delatar, es una expresión que retrotrae a la sociedad dominicana a la época de la dictadura trujillista, cuando el Estado era Trujillo, por lo que actuar contra los intereses de éste era lo mismo que actuar contra el Estado.
El Estado corporación, herido en una de sus partes como consecuencia de la denuncia, reacciona persiguiendo a su agresor, el que chivateó, delató… no contra quien se apropiara de miles de millones de pesos del pueblo dominicano, a través de la autoasignación de enormes contratos según la información difundida a través del programa Nuria Piera, Investigación Periodística.
Desde el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, pasando por el Congreso Nacional y representantes de diversas dependencias del Poder Ejecutivo han salido a defender al “autoservidor” público, y es que defenderlo a él es defenderse ellos mismos.
Esto es así, ya que, quien regalara alrededor de RD$100 millones de pesos al actual presidente de Haití, no actúa por sí solo. Responde a una corporación que acciona bajo la lógica de la complicidad, garantizando la impunidad a cada una de sus partes.
Por tanto, no se puede esperar que la Dirección de Persecución Contra la Corrupción, la Procuraduría General de la República, el Congreso Nacional, la Dirección General de Impuestos Internos, etc, etc, etc, etc, inicien un proceso contra quien ha violado la Constitución de la República, así como de centenares de leyes dominicanas.
La única posibilidad que tiene la sociedad dominicana de resquebrajar el blindaje con que se garantiza la impunidad es comenzar a restablecer un mínimo de equilibrio en la distribución del poder público.
Un equilibrio frágil que requiere que la sociedad dominicana en pleno entre por esa fisura, a través de una profunda reforma política, que impida que los dominicanos y dominicanas dependamos de la buena voluntad de ninguna organización política.
