COSTA RICA:-La Corte Interamericana de Derechos Humanos
declaró culpable a la República Dominicana por la muerte, a manos del
Ejército, de siete inmigrantes haitianos que iban en un camión el 18 de
junio de 2000, informó hoy ese tribunal.
"El Estado (dominicano) violó
el derecho a la vida" de los siete inmigrantes haitianos por el uso
ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza contra ellos,
indica el fallo de la CorteIDH, publicado este jueves en su página de
internet.
El caso es conocido como "Nadege Dorzema contra
República Dominicana" o "La masacre de Guayubín", y se refiere a la
muerte a tiros de los haitianos en la madrugada del 18 de junio de 2000
en la frontera con Haití, cuando intentaban entrar de forma irregular al
país vecino en un camión para buscar trabajo.
La sentencia, con fecha del 24 de octubre, indica
que los jueces dieron por acreditado que "agentes dominicanos abrieron
fuego indiscriminado" contra el camión durante una persecución luego de
que el vehículo no se detuviera en un puesto de control.
Los disparos "provocaron la muerte de cuatro
personas" y con la "posterior volcadura del camión, perdió la vida otra
persona y varias más corrieron para salvar sus vidas, momento en el cual
los agentes abrieron fuego provocando la muerte adicional de dos
personas", señala el fallo.
Los jueces también comprobaron que con la prueba
recopilada "no se desprende ningún indicio de que los inmigrantes
estuvieran armados o hubieran accionado algún tipo de agresión contra
los agentes". El Estado argumentó durante el proceso que el camión
embistió al retén militar, que existían sospechas de que transportaba
drogas y que no atendió las señales para que se detuviera.
La Corte también encontró culpable al Estado
dominicano por violaciones a los derechos a la integridad personal,
garantías judiciales, protección judicial, libertad personal y no
discriminación. Los jueces ordenaron a la República Dominicana
investigar y castigar a los culpables de estos hechos y determinar el
paradero de los cuerpos de los fallecidos, repatriarlos y entregarlos a
sus familiares en Haití.
Además, el Estado deberá realizar un acto de
reconocimiento de responsabilidad internacional por este caso, capacitar
a sus Fuerzas Armadas en el tema de no discriminación, realizar una
campaña mediática sobre los derechos de los inmigrantes y adecuar su
legislación en lo relacionado al uso de la fuerza para que no se repitan
hechos similares.
Los jueces también ordenaron el pago de
indemnizaciones por daño material e inmaterial para los familiares de
los fallecidos y para diez personas que resultaron heridas.
