SANTO DOMINGO:-El juez de Atención Permanente del Distrito
Nacional, dispuso ayer el envío al penal de La Victoria, de un nacional
haitiano, y otorgó el pago de una garantía económica a su esposa,
acusados de integrar una red que obligaba a niños haitianos a mendigar
en las calles y avenidas de la capital .
El magistrado José
Alejandro Vargas envió al recinto carcelario a Garib Joseph, por un
período de tres meses, hasta tanto el ministerio público concluya con la
investigación en torno a la acusación de trata de persona .
El
pasado jueves los gobiernos de Estados Unidos y Haití y la Organización
Internacional Para las Migraciones participaron con las autoridades
dominicanas en un operativo que rescató a 58 niños y adolescentes
haitianos, víctimas de trata de personas, en barrios del municipio Los
Alcarrizos, de Santo Domingo Oeste .
Asimismo, el juez dispuso la
libertad de la haitiana Roselette Luis, tras otorgarle el pago de una
garantía económica de un millón de pesos, bajo la modalidad de contrato,
impedimento de salida y presentación periódica, debido a que ésta
estaba lactando .
El procurador general de la República, Francisco
Domínguez Brito, ratificó que no permitirán niños, niñas y
adolescentes, de ninguna nacionalidad, mendigando en las calles víctimas
de redes organizadas de trata de personas, mientras sus explotadores se
benefician con este delito .
“No solamente son mafias con
estructuras criminales que obligan a esos menores de edad a pedir dinero
en las calles, también hay padres que hacen lo propio; contra quienes
igualmente estaremos pidiendo medidas cautelares en cada caso”, aseguró
Domínguez Brito .
El tribunal tomó la decisión, tras acoger una
solicitud de medida de coerción presentado por el fiscal adjunto Moisés
Cordones en contra de los imputados, quien los acusa de traer a seis
menores desde Haití para obligarlos a mendigar .
Fueron arrestados
en la calle Juan Isidro Jiménez, de Los Alcarrizos. En la audiencia, la
imputada declaró que las autoridades al momento de detenerla le
arrebataron a su niña de 11 meses de nacida, cuando se encontraba
lactando y que desconoce su paradero .
Ante esa situación, el juez
instruyó a una policía de protección judicial y a la abogada de la
imputada, una defensora pública, verificar si ciertamente la mujer
estaba lactando .
