SANTO DOMINGO:-El procurador general de la República,
Francisco Domínguez Brito, favoreció ayer la creación de un comisionado
que vele y ejecute la ley de acceso a la información pública, ante el
incumplimiento por parte de algunas entidades.
El jefe del
ministerio público dijo que sería interesante la propuesta formulada en
ese sentido por Miguel Franjul, por
considerar que República Dominicana tiene que ir caminando hacia la
transparencia.
Mientras que el presidente del Colegio Dominicano
de Periodistas (CDP) señaló que es una responsabilidad directa del Poder
Ejecutivo ordenar a las instituciones públicas cumplir a cabalidad con
la ley 200-04 sobre libre acceso a la información. En cuanto a Domínguez
Brito, valoró la posición de Miguel Franjul, al tiempo que dijo esperar
que sea un tema de cotidianidad de la ciudadanía, ya que la
transparencia tiene que ir a todos los niveles.
Expresó que en la
medida en que las autoridades procuren que todas las instancias se
manejen dentro de ese esquema, en esa misma medida aumentan la
democracia, la participación y el sentido de responsabilidad de la gente
que ve con claridad cuáles son cada una de las actuaciones.
Sostuvo que
el acceso a la información tiene que abarcar un poco más, no solamente
el acceso a la información del comportamiento público, sino que tiene
que haber un respeto y una defensa a la libertad de la información.
A
juicio del Procurador, no puede haber ninguna restricción a la
libertad, tras señalar que tiene que defenderse la plena libertad, por
considerarla fundamental.
El periodista Miguel Franjul planteó que
dicho Comisionado sería una especie de defensor de la ley o un ente
legal, similar a un Defensor del Pueblo, con autonomía para hacer valer
en toda su magnitud esa formidable herramienta de la democracia
.
Colegio de Periodistas
Aurelio
Henríquez, del CDP, dijo que muchas instituciones del Estado no cumplen
con lo establecido en la legislación, y señaló de manera particular a
los ayuntamientos del país como principales infractores de la
disposición.
Aseguró que uno de los inconvenientes es que las
autoridades de los cabildos creen “que están fuera del Estado”, y por lo
tanto no se ven compelidos a responder a solicitudes de ciudadanos y
periodistas para mayor transparencia y control de los fondos públicos.
