Washington:.- Se cumple hoy un
año del anuncio del "perdón" presidencial que ha permitido a más de
520.000 jóvenes indocumentados evitar temporalmente su deportación de
EE.UU., mientras el Senado debate una reforma que busca reconstruir el
sistema migratorio estadounidense.
Hace exactamente un año, el Gobierno del
presidente Barack Obama anunció el programa de "acción diferida", que
suspende durante dos años la deportación de ciertos indocumentados que
llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad.
El programa, que no necesitaba respaldo
parlamentario, ha dado un respiro temporal a decenas de miles de jóvenes
que no pueden trabajar, estudiar o viajar por falta de "papeles". En
algunos estados de los EE.UU., ese permiso temporal les ha facilitado el
obtener una licencia de conducir.
A esos jóvenes se les denomina "Soñadores"
("Dreamers") porque son posibles beneficiarios del "Dream Act", un
proyecto de ley que les ofrecía la residencia permanente pero que
fracasó en el Congreso en diciembre de 2010.
"Hoy hace un año que la Administración asumió la
causa de los 'Dreamers' y tomó acción para hacer que nuestro sistema de
inmigración sea más representativo de nuestros valores como nación",
dijo en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
El portavoz recordó, no obstante, que esas medidas "nunca tuvieron el propósito de ser una solución permanente".
"Por eso necesitamos que el Congreso apruebe lo
antes posible un proyecto de ley de reforma migratoria de sentido común,
de manera que esos 'Dreamers' puedan continuar contribuyendo a este
país y nos ayuden a honrar nuestra historia como nación de leyes y
nación de inmigrantes", subrayó Carney.
Según las cifras más actualizadas de la Oficina de
Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés), entre agosto
de 2012, cuando entró en vigor el programa, y mayo pasado, se aprobaron
520.157 solicitudes para el programa de acción diferida.
Del total de 539.128 solicitudes recibidas por
USCIS, las autoridades rechazaron 18.971. En promedio, las autoridades
aprueban a diario 2.614 solicitudes.
La mayoría de los solicitantes provienen de
México, seguidos por El Salvador, Honduras, Guatemala, Corea del Sur,
Perú, Brasil y Colombia.
La lista de los principales países de origen de
los solicitantes la completan Ecuador, las Filipinas, Argentina,
Jamaica, India, Venezuela, la República Dominicana, Trinidad y Tobago,
Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Pakistán, en ese orden, según USCIS.
Para recibir este beneficio -que no concede un
estatus legal, según el Departamento de Seguridad Nacional-, los
estudiantes indocumentados de hasta 31 años de edad, tienen que cumplir
una serie de requisitos, incluyendo el haber entrado en EE.UU. antes de
los 16 años, no tener antecedentes penales o representar una amenaza
para la seguridad nacional, y una prueba de inscripción o graduación en
una institución secundaria.
Aunque el permiso temporal es renovable,
activistas de la comunidad inmigrante presionan al Legislativo para que
apruebe una reforma migratoria integral este año.
"Si esta reforma no avanza, sería un duro golpe
desde el punto de vista humanitario pues no habría alivio de la
deportación y la separación familiar. Sería un desperdicio de talento de
estos jóvenes" que "han demostrado su potencial", dijo a Efe Maribel
Hastings, asesora del grupo "America's Voice".
En sendos comunicados, líderes de ambas cámaras
del Congreso celebraron el aniversario de la "acción diferida" pero
insisten en que es hora de aprobar una legislación que saque de la
sombra a once millones de indocumentados.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob
Menéndez, miembro del "Grupo de los ocho" que negoció el plan reformista
que se debate actualmente en el Senado, afirmó que "está en los
intereses económicos de EE.UU. aprovechar y desarrollar el talento" de
los jóvenes.
"Es hora de que permitamos que miles de jóvenes
privados de una educación universitaria puedan finalmente alcanzar su
potencial pleno" y contribuir a la economía, subrayó.
Por su parte, el legislador demócrata por
Illinois, Luis Gutiérrez, que promueve la reforma migratoria en la
Cámara de Representantes, se quejó de las trabas que ponen los
conservadores opuestos a la medida.
"El futuro de nuestra nación está en buenas manos,
a menos que hagamos algo estúpido como fragmentar a las familias (de
los Soñadores) o deportarles. Estos jóvenes son el ejemplo más
importante de por qué necesitamos un amplio programa de legalización
como parte de la reforma", señaló Gutiérrez, que ha contratado a dos
jóvenes indocumentados en sus oficinas en Illinois.
La iniciativa que debate el Senado desde el martes
pasado permitiría la legalización de los "Soñadores" pero no incluye,
por ahora, el retorno de padres de familia que ya han sido deportados.
Se calcula que alrededor de 205.000 inmigrantes expulsados de EE.UU. entre 2010 y 2012 tenían hijos nacidos en este país.
El Senado reanudará el debate de enmiendas para
modificar la iniciativa el próximo lunes. Su único voto el pasado jueves
fue para derrotar una enmienda republicana que condicionaba la
legalización al control operacional de la frontera sur durante seis
meses.