Santo Domingo:-Tres connotados juristas calificaron ayer de
correcta la posición del presidente Danilo Medina, en el sentido de que
no puede intervenir en el caso de los haitianos que reclaman la
nacionalidad dominicana, ya que compete a un poder del Estado distinto
al Ejecutivo.
Los doctores Olivo Rodriguez Huertas, Servio Tulio
Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Justicia y
Transparencia (Finjus), y Trajano Vidal Potentini, presidente de la
Fundación Justicia y Transparencia, se mostraron de acuerdo con la
posición del jefe del Estado, ante el pedimento que le hicieran
representantes del Sistema de las Naciones Unidas en el caso de los
haitianos que reclaman la nacionalidad dominicana.
En opinión del
abogado Huertas, a quien corresponde aplicar el marco jurídico en la
materia, en el sistema constitucional dominicano, es en primer lugar a
la Administración del Estado Civil, que está bajo la responsabilidad de
un ente con autonomía constitucional respecto del Poder Ejecutivo, como
lo es la Junta Central Electoral.
Manifestó que cualquier decisión
arbitraria o ilegal en esa materia debe ser dirimida por los órganos
jurisdiccionales del Estado competente.
El abogado señalo, no
obstante, que es correcto que instancias oficiales supranacionales
expongan esta inquietud al jefe del Estado, ya que es él quien tiene la
representación del Estado Dominicano en el plano internacional.
A
su juicio, la solución al problema de la nacionalidad de personas cuyos
padres son de ascendencia haitiana, no puede ser planteada de manera
colectiva, sino que caso a caso, los interesados deben hacer sus
reclamos y en caso de no ser atendidos ejercer las acciones
correspondientes ante los tribunales.
En tanto que Pontenini dijo
que el tema haitiano es estrictamente constitucional y legal ya que
otros estamentos tienen la última palabra, atendiendo a los
procedimientos legales.
Explicó que el tema es la competencia de
los tribunales de a República, al Poder Judicial y el Tribunal
Constitucional (TC), como tribunal de garantía constitucionales.
“Ciertamente
el presidente Medina, no tiene competencia ninguna, ni capacidad de
injerencia, porque es un tema que sale de su manos, de su ámbito y de
acción en relación lo que son sus facultades que se lo asigna el
artículo 128 de la Constitución de la República”, dijo Pontentini.
