SANTO DOMINGO:- La facción que
dentro del Partido Revolucionario (PRD) lidera el expresidente Hipólito
Mejía introdujo por ante Tribunal Superior Electoral (TSE) una demanda
de nulidad de la reunión y las resoluciones adoptadas “en la pretendida”
Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esa
organización, celebrada el 17 de diciembre del año pasado.
La instancia, refrendada por 12 dirigentes perredistas, fue
depositada en ese tribunal pasado el mediodía de este miércoles por los
abogados Enmanuel Esquea Guerrero, Julián Peña Guzmán, Eylin Beltrán
Soto, Antoliano Peralta Romero, Luis Soto y Ángel Encarnación Amador.
La demanda está dirigida contra el PRD de Miguel Vargas Maldonado,
Alba María (Peggy) Cabral, Danilo Rafael Santos, Aníbal García Duvergé,
Julio Mariñez, Juan Carlos Guerra, Ana Obdalis Pérez, Ramón Victoria
Molina, Teófilo Rosario, Mary Sánchez, Leudy Peralta, Franklyn Cruz y
Víctor Pichardo Custodio.
En su instancia, los demandantes Eligio Jáquez, Miguel Cabrera,
Víctor Sánchez, Domingo Batista, Ramón Hidelky Acosta, Andrea Cándida
Difó, José Candelario, Josefa Castillo, Ginnete Bournigal, Leonardo
Adames y Alberto Atallah, argumentan que la cuestionada reunión de la
Comisión Política del CEN es nula por falta de convocatoria y de agenda,
porque no hubo quórum legal, infracciones que entienden son violatorios
al artículo 34 de los estatutos del PRD.
“En el presente caso - consideran los abogados de los demandantes-,
procede establecer medidas precautorias y de igual modo, procede la
necesidad de adoptar medidas cautelares, por cuanto solicitamos que se
declare la nulidad de la referida reunión y todas las decisiones
adoptadas en la misma, por ser violatorias a los artículos 47,48, 73,
216 de la Constitución, así como varios artículos de los Estatutos del
PRD”.
Asimismo, que en lo que se conoce el fondo de la demanda, se ordene
como medida cautelar la suspensión de las resoluciones adoptadas en esa
pretendida reunión, hasta tanto sea decidida la demanda en nulidad de la
referida Comisión Política, en virtud de que su aplicación podría
violentar derechos fundamentales de los demandantes.
