Santo Domingo:-
Representantes del Colegio Médico Dominicano y la Coalición por los
Derechos y la Vida de las Mujeres llegaron hoy hasta el Congreso
Nacional para solicitar a los diputados que acojan de manera “positiva” y
“sin demora” la Observación del Presidente de la República al Código
Penal con el propósito de establecer algunas excepciones a la
penalización del aborto.
En un escrito que entregaron en el
Congreso Nacional luego de una manifestación frente a la sede de este
organismo, los convocantes aseguran que la penalización absoluta del
aborto “anula” los derechos fundamentales de la mujer, “menoscaba” su
dignidad y su integridad, y la reduce a “simple incubadora carente de
derecho y autonomía”, para tomar decisiones sobre su salud y su vida.
“Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo forzado, fruto
del crimen de la violación sexual, es un acto de tortura, cruel,
inhumano y degradante que afecta su dignidad humana, el derecho a la
libertad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad,
derechos que están resguardados por nuestra Constitución”, señalan.
A su vez, aseguran que como médicos viven a diario el drama humano
que significa para una familia cuando la salud o la vida de la
embarazada están en juego.
“Frente a las salas de urgencias, frente al quirófano, evangélicas,
católicas, creyentes y no creyentes, su petición más contundente es
‘doctor, sálvele la vida, garantícele la salud por encima de todo’.
Entonces nos preguntamos, ¿y de dónde viene esta doble moral?”,agregan
Además indican que en el centro de salud se les pide a los efectivos
médicos que se les salve la vida, pero en el Congreso y en los púlpitos
piden 10 años de cárceles y 30, si es que la mujer no sobrevive.
La penalización del aborto sin excepciones, se traduce en un grave
problema de salud pública, porque lejos de contribuir a reducir la
alarmante tasa de mortalidad materna que presenta el país, profundiza
esta situación al obstaculizar la intervención oportuna y eficaz del
personal de salud en esos casos extremos y evitar la muerte de más
mujeres, consideran.
Por último, muestran su esperanza en que el Congreso Nacional base su
decisión en apego al Estado Social y Democrático de Derecho, garante de
los derechos humanos de toda la ciudadanía y “respetuoso de la libertad
de cultos, de conciencia y de religión”.
“Esperamos que se establezca un párrafo que especifique de manera
clara y precisa que no será punible la interrupción del embarazo cuando
sea practicada por personal médico especializado, en centros o
establecimientos de salud, públicos o privados, cuando la vida de la
madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o
incesto, o cuando el embrión o feto presente malformaciones
incompatibles con la vida”, agregan.
Por último, recuerdan que se mantendrán “vigilantes” y esperan que el
Congreso Nacional acoja de “manera positiva” la Observación
Presidencial y decida “a favor” de la salud, la vida y los derechos de
las mujeres en consonancia con nuestra Constitución, con los compromisos
internacionales y en respeto a la voluntad ciudadana.
