BARAHONA:-El procurador fiscal de Barahona reaccionó extrañado cuando se enteró
que dos personas murieron en la mina de sal de Puerto Alejandro, ya que
un juez ordenó su cierre como consecuencia de una litis judicial entre
los ayuntamientos de los municipios de Jaquimeyes y Vicente Noble, así
como el distrito municipal de Canoa que reclaman como suyos esos
terrenos.
Yván Ariel Gómez Rubio, entrevistado en exclusiva por Listín Diario en
su despacho de la fiscalía, dijo que el Ministerio Público está
apoderado de la litis por el control de la mina de sal de Puerto
Alejandro, ubicada en la loma El Curro, por lo que se ordenó el cierre
temporal hasta tanto haya una decisión definitiva entorno a su posesión
que reclaman los referidos municipios y el distrito municipal de Canoa.
“Nosotros entendíamos que la mina debía estar cerrada por la sentencia
en acción de amparo que lo ordena y que nosotros le habíamos notificado
por acto de alguacil al alcalde Domingo Melquíades Florián para que
acatara la decisión hasta tanto se conociera el fondo”, afirmó Gómez
Rubio.
La mañana de ayer en esa mina se produjo un derrumbe, a consecuencia de
un temblor de baja magnitud, donde fallecieron Salvador García, de 60
años y Edgar Batista, de 35.
La Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado
de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Barahona, mediante la
sentencia número: 14-00241, ordenó paralizar el proceso de operación de
la mina de sal, pero el alcalde de Jaquimeyes, Domingo de los Santos, no
acató el procedimiento del tribunal.
El ayuntamiento del municipio de Vicente Noble, a través de la Junta de
Distrito de Vicente Noble, representada por su alcalde Domingo de los
Santos de León y el director de Distrito de Canoa Luis F. Matos Dotel,
presentaron un recurso en acción de amparo en contra del ayuntamiento de
Jaquimeyes, ya que reclaman como de su territorio la mina.
Sin embargo, Domingo Milquíades Florián, alcalde de Jaquimeyes, no acató
la decisión judicial, la cual está firmada por el juez Manuel Emilio
González Castillo, por lo que Gómez Rubio, dijo que como el ejecutivo
municipal tiene jurisdicción privilegiada pasará el expediente a la
Procuraduría de la Corte de Apelación de aquí.
Se recuerda que el municipio de Jaquimeyes reclamó al ayuntamiento de
Santa Cruz de Barahona la administración de la mina de sal, ya que alegó
era de su propiedad, por lo que tribunales ordinarios la favorecieron,
pero recurrió por ante el Tribunal Constitucional que determinó
pertenecía al primero.
Manifestó que el caso deberá ventilarse ahora en la Procuraduría de la
Corte de Apelación que dirige el magistrado Ulises Guevara, en razón de
que el alcalde de Jaquimeyes tiene jurisdicción privilegiada, sobre
todo, ahora que han ocurrido estos dos fallecimientos.
