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lunes, 2 de febrero de 2015

Hay “seria amenaza” a la sanidad de las elecciones; reintroduce proyectos partidos y régimen electoral

SANTO DOMINGO.- El Presidente de la Junta Central Electoral  consideró que la no aprobación  de las Leyes  de Régimen Electoral  y de Partidos y Agrupaciones Políticas  se constituye en una seria amenaza para la sanidad de las próximas elecciones generales  del 15 de mayo del año 2016  y por ende para la democracia de la República.
El doctor Roberto Rosario Márquez advirtió que “en las actuales circunstancias, la calidad de la representación política que surja de las urnas descansará más en la fuerza del dinero que en la fuerza de las convicciones y las ideas”.
Declaró que la ausencia de un marco jurídico actualizado impide a la Junta Central Electoral avanzar como lo demandan estos tiempos en la regulación  del uso de los recursos públicos y privados, de la propaganda y del activismo electoral en sentido general.
“Un ejemplo de esta falencia es la situación que sufre  la población con una campaña electoral fuera de control y exageradamente anticipada”, dijo Rosario. 
El Presidente de la Junta Central Electoral dijo que envió sendas comunicaciones a los presidentes del Senado de la República, Cristina Lizardo, y de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, mediante las  cuales reintroduce   los proyectos de leyes Orgánica del Régimen Electoral y de Partidos y Agrupaciones Políticas a fin de que ambas piezas sean conocidas en el período legislativo que se inicia el 27 de febrero próximo.
En sus comunicaciones, Rosario Márquez destaca que el proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral recoge las sugerencias de la JCE sobre el funcionamiento del régimen electoral dominicano, así como de tratadistas internacionales, quienes fueron  referidos a esta institución por la Organización de Estados Americanos, entidad ésta que por demás avala  la referida pieza introducida al  Congreso Nacional.
Agrega que el proyecto en cuestión fue elaborado tomando en consideración las reformas que contiene la Constitución de la República, promulgada  en el año 2010, y de manera especial recoge las nuevas instituciones del derecho electoral que ésta introdujo.
En relación al proyecto de Ley de Partidos  y Agrupaciones Políticas, resalta que se está reintroduciendo  tomando como base las conclusiones de varios seminarios y otros eventos sobre la materia, nacionales e internacionales, a fin de “darnos, por primera vez, una normativa que contribuya a la sostenibilidad de nuestro sistema de partidos”.
Agrega que al igual que el anterior proyecto, éste recoge todas las instituciones creadas en la reforma constitucional, partiendo sobre todo del artículo 216, que conceptualiza y define la esencia y los fines de éstos,  tanto en su parte capital como  en sus tres numerales.
La reintroducción de estos proyectos fue realizada el pasado viernes 30 de enero por la JCE.
Los originales están desde hace tiempo en manos de los congresista, quienes no los han aprobado a pesar de que el país está a 15 meses del proceso electoral.
Rosario alegó que la no aprobación de ambas leyes  sería el único punto que afectaría la organización de los comicios en la  República Dominicana, ya que los avances en materia de  organización del proceso y la transparencia en la administración del sufragio, la transmisión y  el cómputo electoral son de las políticas públicas y buenas prácticas administrativas que el país ha estado facilitando a modo de cooperación  con otros órganos electorales de América en su conjunto.
El Presidente de la Junta Central Electoral lamentó profundamente que el sector empresarial  y las organizaciones sociales no hayan contribuido lo necesario para que la clase política, y muy especialmente los congresistas, no hayan aprobado estas iniciativas “a sabiendas de que sin estos instrumentos no es posible la organización de un proceso que garantice  mejores niveles de igualdad y equidad en la contienda”.
Cuestionó que en vez de apuntar hacia los responsables de la no aprobación de los mismos, se dediquen a criticar y a responsabilizar a los órganos electorales de estas debilidades del sistema, que de conformidad con el Articulo 74 de la Constitución, corresponde  a los legisladores definir.