MONTECRISTI:-Decenas de armas blancas, bebidas alcohólicas,
teléfonos celulares, computadoras y electrodomésticos fueron ocupados en
una requisa, supuestamente sorpresiva, hecha por la Dirección General
de Prisiones, representantes del Ministerio Público, militares y agentes
de la Policía en la fortaleza San Fernando de Montecristi.
Tras los decomisos de esas pertenencias, algunos reclusos intentaron
amotinarse, pero fueron dispersados por militares y policías que
lanzaron al menos dos gases lacrimógenos al interior del recinto
carcelario.
Las autoridades dijeron que entre las armas incautadas figuran tres
machetes, 30 teléfonos celulares, 44 cargadores, l6 baterías, nueve
cuchillos, 18 cucharas afiladas, cinco tenedores, siete tijeras, nueve
cortauñas, una caja de whiskys y dos cubetas en las que preparaban
bebidas alcohólicas.
También equipos de música en la que operaba los fines de semana una
discoteca en plena cárcel y un bar (prostíbulo con camas, que eran
alquiladas a reclusos para que tengan sexo con mujeres), muchas de ellas
prostitutas que visitan con frecuente el lugar, según trascendió.
Las requisas se realizaron luego de denuncias de familiares y
presidiarios que se encuentran encerrados en esa cárcel, sobre supuestos
maltratos por parte de otros reclusos que se autodenominan dirigentes
del comité de disciplina que dirige otro interno conocido como “San
Juan”.
La comisión que intervino el recinto carcelario estuvo encabezado por
el coronel Miguel de los Santos Suero, encargado del S2 de la Cuarta
Brigada del Ejército Dominicano en Valverde, el mayor de ese mismo
organismo Apóstol Santiago Bernabé, mayor Antonio Quiroz Peña, inspector
del Décimo Batallón de Infantería con asiento en Dajabón.
También el capitán Miguel Cruz Delgado, del S2 del Ejército de
República Dominicana, el mayor Pedro García, comandante de la fortaleza
San Fernando de Montecristi, María Guzmán, vicealcaldesa y el fiscal
adjunto Francisco Santos Germosén.
Los militares y miembros de la comisión también entrevistaron a los
reclusos, Jeffrey Castro, Nelson Sosa, Jairo Taveras Minaya y Nelson de
Jesús Toribio, quienes sus familiares alegaban que estaban siendo
sometidos a maltratos por parte de miembros del comité disciplinario.
