SANTO DOMINGO:-El Ministerio de Energía y Minas aseguró que la empresa Cementos Santo Domingo nunca ha tenido una concesión de explotación de rocas calizas en Azua.
Además, señaló que otorgar esa concesión sería una violación a la Ley de Medio Ambiente y a la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, “que integró el 92.78% de los terrenos de interés de la empresa al parque nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó”.
La información sale a relucir luego de que la Familia Abinader Corona denunciara que el Gobierno dominicano desaprobó la concesión minera Hatillo, de la empresa Cementos Santo Domingo, en la que son accionistas junto a inversionistas españoles.
“Al recibir y analizar a la luz de las leyes y las normas la solicitud formal de concesión de explotación, al Ministerio no le quedaba otro camino que emitir la declaratoria de desaprobación, mediante resolución 00022-15, porque de hacer lo contrario sería pasible de sometimiento a la justicia, comprometiendo su responsabilidad civil y penal”, informó el ministerio en un comunicado de prensa.
En una declaración suscrita por el ministro Antonio Isa Conde se afirma que Cementos Santo Domingo ha manejado sus operaciones en el lugar sobre la base de una concesión de exploración, que fue obtenida en otros gobiernos, “que no es lo mismo que la concesión de explotación”.
“En definitiva, a Cementos Santo Domingo no le ha sido otorgada autorización ni derechos para explotación de rocas calizas en el área especificada; sólo ha tenido concesión de exploración, por lo que si está explotando lo hace sin el título habilitante. En el Ministerio de Energía y Minas tampoco reposa autorización alguna de planta de beneficio”, explicó el ministro.
Aclaró que el recurso de amparo que benefició a Cementos Santo Domingo en 2007 fue en protección de sus derechos de exploración, por lo cual el Estado dominicano no ha revocado la resolución que en ese sentido otorgó la Secretaría de Industria y Comercio (hoy ministerio) en el año 2000.
“Todo indica que durante 15 años Cementos Santo Domingo ha estado usufructuando una concesión de exploración –cuyo plazo legal es de 5 años- con la cual ha realizado actividades de explotación de hecho sin que ninguna autoridad advirtiera el estatus legal de la operación”, señala el comunicado del ministerio.
