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martes, 13 de julio de 2010

La Fundación Justicia y Transparencia está alarmada por la impunidad con que opera el “sicariato” en el país.

En Contacto con el Pueblo.com

Santo Domingo:-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), expresó su consternación por el incremento de los asesinatos por encargo en la República Dominicana, al tiempo de lamentar la impunidad con que opera la industria del sicariato por la falta de una legislación que prevea y castigue la autoría intelectual, siempre presente en esta modalidad de crimen.

El Presidente de la FJT, Trajano Vidal Potentini, a externó su preocupación por los recientes planes de atentar contra la vida del fiscal del Distrito Nacional Alejandro Moscoso Segarra y la denuncia del Dr. Marino Vinicio Castillo sobre la existencia de un listado que incluye personalidades del mundo político, periodistas, autoridades judiciales, civiles, militares y policiales.

Potentini, urgió a las cámaras legislativas a sancionar el proyecto de código penal que descansa en el congreso, como forma de subsanar la ausencia del la autoría intelectual como tipo penal en nuestro ordenamiento jurídico, cuyo autor intelectual solamente se prevé con la calidad de cómplice por disposición jurisprudencial. Así como la necesaria previsión del cúmulo de penas contemplada en el proyecto de referencia.

Trajano Potentini anuncio, que en las próximas horas la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), por intermedio del diputado Alejandro Montas, estará sometiendo al Congreso Nacional un proyecto de modificación al código del menor, para la persecución y castigo de la comisión de infracciones graves cometidas por menores entre edades de más de 14 y años y menos de 18.

En otro orden de ideas el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, al ser cuestionado sobre el trabajo de la comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para la adecuación y modificación de varias leyes; respondió lamentando los pocos esfuerzos desplegados hasta el momento por los poderes públicos, resaltando el imperativo constitucional, hasta ahora inobservado de la conformación de los consejos del Ministerio Publico y del Poder Judicial con fecha tope para su puesta en vigencia del próximo 26 de julio.