El
magistrado José Alejandro Vargas, adoptó la decisión por entender que,
por la gravedad del hecho, era prudente enviar por un año al penal de La
Victoria al imputado, quien es acusado de violación a los artículos 330
y 333 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 396 de la Ley
136-03, que instituye el Código de Protección y los Derechos
Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Vargas acogió un
pedimento presentado por el ministerio público, representado por los
fiscales adjuntos Elvis Suárez y Elvira Rodríguez, adscritos al
Departamento de Litigación Inicial, quienes habían solicitado que al
imputado le fuera impuesta prisión preventiva como medida de coerción.
Defensa
De
su lado, el abogado del imputado, doctor Polanco Rivera, pidió al
tribunal rechazar la solicitud de prisión preventiva por entender que su
defendido en ningún momento violó a la menor, por lo que pidió la
imposición de una garantía económica, impedimento de salida y
presentación periódica.
Mientras, los abogados de los familiares
de la menor, doctores Wáscar Jiménez y Sonia Cepeda, se sumaron al
pedimento del ministerio público, por entender que hay un certificado
médico que avala la violación sexual, en más de una ocasión, tanto en la
casa del imputado como en la residencia de la adolescente, contrario a
lo que declaró el imputado en el tribunal.
En el tribunal, el
coronel Manuel Regalado negó los hechos y, acongojado, dijo no
explicarse por qué le formulan esa acusación de violación sexual.
Tan
pronto fue sacado de la sala de audiencia, los familiares de la niña
intentaron agredirlo, vociferándole “violador de niña, debieran echarte
30 años de prisión”.
En ese momento, el imputado se tapaba la cara
para que los fotógrafos y camarógrafos de diversos medios de
comunicación no tomaran su imagen, siendo conducido bajo estrictas
medidas de seguridad a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de
Ciudad Nueva.
Es un caso grave
Tras ser consultado, la
fiscal Yeni Berenice Reynoso sostiene que es un caso sumamente grave, no
sólo por la naturaleza del delito, que se sanciona con una pena de
hasta 20 años de prisión, sino por las funciones que desempeñaba el
agresor y las características de vulnerabilidad de la víctima.
Garantizó
que la menor y su familia recibirán las terapias y orientaciones de
lugar, de la mano del equipo multidisciplinario de profesionales que
labora en esta jurisdicción.
